La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ante la controversia pública surgida entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y Avanciencia, considera necesario ofrecer una reflexión institucional orientada a contribuir a una salida seria, verificable y respetuosa del interés público.

La controversia se originó en el proceso de revisión y liquidación de un convenio suscrito entre 2019 y 2025, por cerca de $20.500 millones, destinado a iniciativas de apropiación social de la ciencia, programas de jóvenes investigadores y el programa Ondas, entre otros.

El Ministerio ha señalado posibles inconsistencias en la ejecución y la falta de soportes técnicos y financieros suficientes para verificar plenamente el uso de los recursos, mientras que Avanciencia ha sostenido públicamente que cuenta con documentación de respaldo y que parte de las dificultades ha estado asociada a problemas en los mecanismos de reporte. En noviembre de 2025, ambas partes participaron en una mesa de solución de controversias para avanzar en la revisión de la información pendiente.

De acuerdo con los informes de seguimiento del convenio, todos los desembolsos a Avanciencia y los pagos realizados por ella, fueron autorizados por Minciencias con participación activa de sus equipos técnicos, durante los seis años de ejecución.

La Academia reconoce, de una parte, la importancia de las organizaciones de la sociedad civil que durante décadas han contribuido al fortalecimiento de la ciencia en Colombia y, de otra, el deber indeclinable del Estado de velar por la transparencia, la trazabilidad y la correcta destinación de los recursos públicos. Precisamente por ello, resulta inconveniente que una diferencia de naturaleza contractual y técnica continúe escalando hasta convertirse en una confrontación pública, con efectos de desconfianza en un ecosistema que necesita cooperación, estabilidad y credibilidad.

La ciencia colombiana no se fortalece con descalificaciones, ni con juicios anticipados. Se fortalece cuando las controversias se tramitan con debido proceso, presunción de buena fe, derecho de contradicción, rigor técnico y protección efectiva del patrimonio público. La verdad documental y la responsabilidad institucional no deben verse como objetivos en tensión, sino como exigencias complementarias.

Por ello, la Academia propone que se adelante, con la mayor prontitud, una instancia técnico-documental independiente, con participación de las partes y acompañamiento de terceros de reconocida solvencia, que permita consolidar en un repositorio verificable la totalidad de los soportes contractuales, técnicos y financieros; establecer una metodología común de validación de productos, entregables, metas y ejecución de recursos; y definir una ruta definitiva de cierre, ya sea de aclaración, saneamiento documental, reconocimiento de cumplimiento, reintegro de recursos o de las decisiones jurídicas que correspondan. Esta revisión debe realizarse dentro de un cronograma cierto, breve y público.

Asimismo, la Academia hace un llamado a la prudencia en el lenguaje público. Cuando una controversia institucional se mezcla con un clima de polarización y confrontación personal, el debate pierde claridad y el país confianza. Colombia necesita más evidencia, más serenidad y más capacidad para resolver sus diferencias sin deteriorar la legitimidad de sus instituciones científicas.

La Academia reitera su disposición a respaldar toda salida que combine la verdad documental, la responsabilidad institucional, las garantías procesales y la protección del ecosistema científico nacional.

Bogotá, D.C., 25 de marzo de 2026.

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales